La Defensoría del Pueblo reveló que entre el primero de enero y el 31 de julio del 2022 se presentaron 122 homicidios contra líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos.

Así lo reveló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en el marco de la audiencia y presentación del informe de Violencias contra Líderes Sociales el cual advierte que Cauca con 19 homicidios, Nariño con 17, Antioquia con 12 y Putumayo con 11, son los departamentos con el mayor número de casos en los que líderes y lideresas fueron asesinados. 

A esta desafortunada cifra se suman: Arauca 9 homicidios, Valle del Cauca 9, Bolívar 7, Tolima 6, Caquetá 5, Norte de Santander 4, Cesar 3, Chocó 3, Meta 3, Sucre 2, San Andrés 2. La Guajira, Córdoba, Santander, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Casanare, Guaviare, Bogotá y Risaralda con un caso cada uno. 

Precisamente, en Nariño ha habido un incremento de los homicidios en los últimos años, pasando de 6 casos en 2016 a 14 en 2020 y en los primeros siete meses de 2022 ya se han presentado 17 muertes. Tumaco, con 7 homicidios, es la región en la que más se han presentado el mayor número de muertes violentas contra los líderes, le siguen Barbacoas con 4, Manalla, Olaya Herrera, Samaniego, Leyva, Córdoba, Guachucal, con un caso cada uno. 

“Los homicidios en contra de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos representan una grave afectación en contra de las comunidades y la democracia. Ellos son los representantes de las peticiones, necesidades y la voz de las personas más vulnerables. Por esta razón debemos, desde el Estado, brindarles las garantías necesarias para el ejercicio de su labor, ya que es vital para garantizar el bienestar y los derechos humanos en las regiones”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo. 

Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, los líderes comunales representan el mayor número de muertes violentas en todo el país con 33 casos, indígenas 27 casos, y comunitarios 25 casos. Además el 93% de los homicidios fueron contra personas de sexo masculino y 7% contra personas de sexo femenino. De la misma forma, se observa un incremento en el número de casos, ya que durante el mismo periodo de 2020 se habían registrado 106 homicidios y en 2021 la cifra había llegado a 90 casos.

“Rechazamos el accionar criminal en contra de los líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos. Debemos mantener la guardia arriba para que el Estado les garantice la protección, su seguridad y la de sus familias y que puedan realizar con tranquilidad su labor en defensa de las comunidades”, puntualizó Carlos Camargo.

*Con información de la Defensoría del Pueblo